Ciudad de México, 30 de noviembre de 2025 – El diputado federal Alejandro Domínguez (PRI) dio a conocer este domingo una serie de puntos críticos contenidos en el dictamen de la nueva Ley de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Diputados, advirtiendo que varias disposiciones representan un retroceso en la certeza jurídica de los concesionarios y usuarios del agua en México.
Entre las modificaciones más polémicas, el legislador destacó que las prórrogas de concesiones ya no estarán sujetas a la disponibilidad hídrica, pero podrán modificarse sus características, incluyendo la reducción del volumen concesionado y la vigencia del título, sin que exista garantía expresa de que se respeten los derechos adquiridos.
“Conagua podrá reducir unilateralmente los volúmenes concesionados, incluso cuando los usuarios hayan invertido en tecnificación con recursos públicos. Aunque el dictamen dice que esa reducción deberá ser ‘convenida y proporcional’, no establece mecanismos claros de defensa ni compensación efectiva”, señaló Domínguez.
Otro cambio radical es la prohibición de transmisiones parciales de derechos de agua, medida que, según el diputado, afecta directamente a miles de productores agrícolas y empresas que requieren flexibilidad para reestructurar sus operaciones.
En materia de regularización, el dictamen incluye un artículo transitorio que obliga a publicar, en un plazo de 180 días, un programa para regularizar obras en zonas de libre alumbramiento, pero solo beneficiará a quienes ya cuenten con inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), dejando en incertidumbre a cientos de usuarios que, por décadas, han extraído agua sin contar con folio registral.
Además, las prórrogas deberán solicitarse con dos años de anticipación al vencimiento del título, duplicando el plazo actual de un año, lo que podría generar cuellos de botella administrativos en Conagua.
El Registro Público de Derechos de Agua cambiará de nombre a Registro Público Nacional del Agua, mientras que se mantiene la posibilidad de transmitir derechos cuando se vende simultáneamente la tierra vinculada al título, aunque todavía no existen las reglas de reasignación prometidas ni se garantiza que habrá suficiente volumen en los “fondos de reserva” para hacer efectivas esas reasignaciones.
Los distritos y unidades de riego tendrán la nueva obligación de reportar anualmente a la Autoridad del Agua el volumen bruto extraído, el volumen utilizado, superficie cultivada, cultivos y producción obtenida, lo que representa una carga administrativa adicional para el sector agrícola.
Aunque el dictamen promueve la captación de agua pluvial para uso personal, doméstico y agropecuario familiar, cualquier sistema de captación con fines distintos quedará sujeto a regulación estricta, lo que podría limitar iniciativas privadas de almacenamiento de lluvia.
Sanciones más severas y nuevos delitos
El dictamen endurece significativamente las multas. Las infracciones graves ahora irán de 244,382 a 3,394,200 pesos (antes eran de 220,623 a 2,941,640 pesos). Entre las nuevas conductas sancionadas en este rango más alto se encuentran:
- Ceder, suministrar o intercambiar agua concesionada para un uso distinto al autorizado.
- Transmitir títulos de concesión o permisos (incluso entre familiares o socios).
- Cambiar el uso del agua sin autorización.
Estas mismas faltas serán causa automática para negar la prórroga de la concesión.
En caso de reincidencia (cometer más de una vez la misma infracción), la multa podrá incrementarse hasta en una tercera parte y se podrá revocar el título y clausurar definitivamente las obras. La reincidencia también será motivo para negar futuras prórrogas.
Finalmente, se tipifica como delito el traslado de aguas nacionales con fines de lucro cuando se sepa que fueron extraídas ilegalmente, figura que no existía en la ley vigente.
El diputado Domínguez concluyó: “Este dictamen, tal como está, genera incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión en el campo y concentra aún más facultades discrecionales en Conagua. Es necesario abrir el debate, escuchar a los usuarios y corregir estas disposiciones antes de que sea aprobado en lo oscurito”.
Hasta el momento, la Comisión de Recursos Hidráulicos no ha emitido posicionamiento oficial sobre las observaciones del legislador priista.